El Gobierno y el Poder Judicial plantearán propuestas para impulsar las denuncias contra los malos tratos y reforzar la protección a las víctimas de violencia de género

3 de septiembre de 2014. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha mantenido hoy una reunión con la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, con el fin de estrechar la coordinación y mejorar los dispositivos y recursos de la lucha contra una lacra que este año ha causado, por el momento, el asesinato de 40 mujeres.

 

Durante el encuentro, el segundo que ambas celebran desde que Ángeles Carmona asumió la Presidencia del Observatorio del CGPJ en marzo del presente año, la ministra ha trasladado su voluntad de conseguir la colaboración de toda la sociedad para erradicar la violencia de género. Por tal razón, Mato ha organizado una agenda de trabajo encaminada a la consecución de un Gran Acuerdo Social contra este problema que involucre a grupos políticos y a agentes sociales. Se trata de un “objetivo primordial” de la ministra, tal y como ha destacado hoy.

 

Así, tras la reunión de hoy con el CGPJ, Mato se reunirá con los grupos parlamentarios la semana próxima, y más adelante con organizaciones empresariales, sindicatos y grupos de comunicación. Al mismo tiempo, ha convocado un pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer que integran las organizaciones de mujeres, comunidades autónomas, agentes sociales y ministerios implicados en la erradicación de la violencia de género.

 

En la reunión de hoy, en la que también han estado presentes la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, la ministra y la presidenta del Observatorio del CGPJ han estudiado los recientes casos de víctimas mortales con el fin de analizar las medidas legislativas y organizativas que se encuentran en marcha y estudiar la adopción de nuevas iniciativas.

 

Entre las propuestas que se han debatido, figuran las orientadas a facilitar y promover las denuncias contra los malos tratos. Además de reforzar todos los canales de sensibilización orientados a tal fin, el Ministerio y el órgano de gobierno de los jueces impulsarán mecanismos de coordinación para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispongan de aquellas denuncias y partes de lesiones que no hayan sido presentadas en dependencias policiales con el objetivo de conocer en el momento de la valoración policial de riesgo todos los hechos o circunstancias que puedan influir en su apreciación, garantizando además la existencia de valoración en todos los casos.

 

Asimismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Observatorio han acordado acelerar los trabajos que en el seno del grupo creado para la mejora del cuestionario de valoración policial del riesgo se vienen celebrando desde el pasado mes de julio. Entre los criterios manejados para dicha mejora, se encuentran la inclusión de variables relacionadas con la vulnerabilidad de las víctimas, presencia de hijos o hijas, situación laboral y discapacidad, y siempre con el fin de precisar el nivel de riesgo del modo más certero.

 

La ministra Ana Mato y Ángeles Carmona, en su análisis de los recientes casos de víctimas mortales, han coincidido en la necesidad de continuar con el seguimiento de las víctimas por parte de las administraciones implicadas en su atención integral más allá de la vigencia de las órdenes de protección. Por otro lado, ambas han destacado la importancia de que la mujer cuente con asesoramiento jurídico gratuito antes de la presentación de la denuncia. De este modo, el proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita recoge la reforma de la Ley Integral 1/2004 para garantizar que este derecho se haga efectivo en el momento inmediatamente anterior a la interposición de dicha denuncia. Es éste un aspecto fundamental por cuanto ayudará a la mujer a que su denuncia se realice en los términos que faciliten la viabilidad del procedimiento judicial y cuente con todos los elementos relevantes para la mejor protección de la víctima y la adecuada sanción al agresor.

 

Otro de los puntos esenciales que han abordado la ministra y la presidenta del Observatorio consiste en buscar todas las vías de sensibilización y concienciación necesarias para potenciar la formación de jueces y demás personal al servicio de la administración de justicia, por lo que se propondrá el impulso de campañas de información y de cauces de investigación con el fin de fortalecer los soportes de ayuda a las víctimas de la violencia de género.

 

La coordinación e integración de la información, como ya ha ocurrido en Castilla y León al interconectar sus bases de datos con el sistema VIOGEN, se seguirá promoviendo en otras comunidades autónomas.

 

La cooperación y compromiso del Gobierno ha propiciado ya avances importantes en lo que va de Legislatura, como el acceso a la asistencia jurídica gratuita de las víctimas de violencia de género y de trata, cuestión sobre la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informan puntualmente. O la inclusión de los menores como víctimas en la propia Ley, un compromiso recogido en la reforma de la legislación de protección a la infancia, que está tramitando el Gobierno.

 

En el caso de los menores, el Proyecto de Ley de Estatuto de la Víctima del Delito incluye un apartado que establece que los órganos judiciales, cuando resulte necesario al fin de proteger a la víctima menor de edad, adopten motivadamente medidas como suspender la patria potestad o establecer un régimen de supervisión del ejercicio de la patria potestad o tutela. Además, podrán suspender o modificar el régimen de visitas o comunicación, cuando resulte necesario para garantizar la protección del menor.

 

Dentro de la reforma del Código Penal, en tramitación parlamentaria, figuran nuevos delitos relativos al matrimonio forzado, al acoso u hostigamiento a la mujer; o al acecho, muy relacionado con el mal uso de las nuevas tecnologías. La manipulación de los brazaletes electrónicos que permiten el control del tiempo de cumplimiento de la pena por el agresor, así como la supervisión de la aplicación de medidas de seguridad o cautelares, se ha tipificado también como delito.

 

Desde el comienzo de la legislatura, Ana Mato ha hecho hincapié en extender el rechazo social a los maltratadores, y gracias a este objetivo marcado desde que fue nombrada ministra, se han acordado medidas de envergadura que tienden a estrechar el cerco sobre quienes maltraten a una mujer por el hecho de serlo.

 

La ampliación de la libertad vigilada como mecanismo para la tutela penal y para la protección de las víctimas frente a agresores peligrosos es un ejemplo, aunque no el único: el recientemente aprobado Estatuto de la Víctima, que ya tiene el visto bueno del Consejo de Ministros, abren la puerta a que la mujer recurra decisiones judiciales sobre movimientos del preso por malos tratos (hasta ahora era informada) y declare el menor número de veces posible durante el proceso que se sucede de la denuncia; además, podrá estar acompañada por una persona que decida aparte de su representación legal, se evitará contacto visual con el agresor, podrá ser oída sin estar presente en la sala de vistas y se protegerá su intimidad.

 

Los juzgados de violencia sobre la mujer, por su parte, incluirán en sus radios de competencia delitos que actualmente corresponden a los juzgados de instrucción, como los quebrantamientos de la pena o de la medida cautelar impuesta, contra la intimidad o la propia imagen de la mujer /revelación de secretos o ciberacoso) y delitos de injurias, en estos supuestos siempre que la víctima sea la pareja o expareja del presunto agresor.